Según el periódico La Gaceta, el juez José María Magán Perales, de Lérida, España, está siendo víctima de una campaña de acoso sencillamente intolerable, por usar el idioma castellano. Vea la nota.
Hoy La Gaceta recoge el calvario que está viviendo el juez de Lérida, José María Magán Perales, un magistrado sin duda singular, quizá no siempre acertado, pero cuyo drama personal no tiene tanto que ver con sus aciertos o errores profesionales como con otro elemento puramente ideológico: su obstinada defensa de su derecho a emplear la lengua española y, aún más, a exigir a la Administración que la emplee. Algo que debería ser de sentido común –¿acaso la Administración, en España, no debe hablar en español?–, pero que en el caso de Cataluña es pecado mortal. Y así el juez Magán está siendo víctima de una campaña de acoso sencillamente intolerable.
La Constitución española de 1978 dice textualmente en su tercer artículo: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Ahora bien, en la práctica la realidad del artículo 3 de la Constitución está siendo esta otra: 1. El castellano es la lengua oficial del Estado sólo allá donde el poder autonómico no decide otra cosa. El derecho de los ciudadanos a usarlo depende del arbitrio del poder. 2. En las Comunidades Autónomas con lengua singular, el castellano es sistemáticamente marginado. 3. La defensa de la riqueza lingüística de España no rige en el caso del castellano”. Si a los españoles se les hubiera sometido a votación en 1978 esta segunda versión del artículo 3, todo el mundo habría pensado que estábamos ante el desbarre de un orate. Y sin embargo, este disparate demencial está siendo la realidad de hecho en España. Contra la letra y el espíritu de la ley, pero a favor de los intereses del poder político.
Cuando desde numerosas instancias se pide al Gobierno que plante al cara al separatismo, muchos preguntan: “¿y eso cómo se hace?”. La respuesta es sólo una: eso se hace, ante todo, velando por el cumplimiento de la ley. Todos sabemos que no es tarea fácil porque treinta y cinco años de prácticas abusivas han creado auténticos océanos de ilegalidad en materia de libertad lingüística. Pero los recursos del Estado están para eso: para que se cumpla la ley y se protejan los derechos ciudadanos. Y no hay tiempo que perder.
Tomado de: http://www.intereconomia.com/columna/pecado-usar-lengua-espanola
